Contraloría raya la cancha: Comisión de Evaluación Ambiental será presidida por delegados presidenciales y no por nuevos gobernadores

Solo 12 días faltan para que los gobernadores regionales -cuya designación fue por primera vez a través de sufragio universal- asuman sus respectivos cargos por un período de cuatro años. En paralelo, debutarán los delegados presidenciales regionales y provinciales, rol que ya está generando fricciones por el liderazgo que asumirán en la Comisión de Evaluación Ambiental, instancia clave para dirimir proyectos de inversión. Sin embargo, este viernes la Contraloría General de la República (CGR) despejó la duda de cómo deben convivir estos actores en este nuevo escenario.

Quien presidirá la instancia, que hasta el momento es liderada por el intendente en ejercicio, no estaba del todo claro en el mundo legal y ambiental. Incluso algunos gobernadores electos apostaban porque ellos asumieran ese rol, ante la expectativa de que el delegado presidencial tenderá a desaparecer.

En el marco de esta nebulosa, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acudió al organismo liderado por Jorge Bermúdez para que determinara cuál es la autoridad regional a quien le corresponde asumir la presidencia de la Comisión de Evaluación, considerando la reforma constitucional aprobada por la ley 20.990 que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, en virtual de la cual se eliminó el cargo de intendente.

La Contraloría respondió hoy en un escrito, asegurando que "la participación que el legislador ha entregado en el artículo 86 de la ley N° 19.300 (sobre bases generales del Medio Ambiente) al intendente, no es en la calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, sino como representante del Presidente de la República, debiendo ser asumida, en conformidad con la disposición vigésimo octava transitoria de la Constitución Política, por los futuros delegados presidenciales regionales".

Según explicó el organismo, los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Mientras, las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, agrega, "las funciones y atribuciones que las leyes entregan al gobernador se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial".

Por esto, para precisar la autoridad que le corresponde asumir la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, es necesario dilucidar si esa función le ha sido otorgada, de manera expresa, al intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, ya que "de no ser así, debe aplicarse la regla residual contemplada en la disposición transitoria precitada".

"Del tenor del referido artículo 86 no aparece que la función de presidir la comisión de evaluación de que se trata la desempeñe el respectivo intendente en la calidad antedicha, por cuanto el gobierno regional no tiene participación en esta instancia del procedimiento de evaluación ambiental", plantea la Contraloría.

A esto suma que los otros integrantes de la comisión -salvo el director regional del SEA, que actúa como secretario-, son representantes del Presidente de la República en la correspondiente región. Por lo tanto, "es menester colegir que el intendente, siendo una autoridad designada por la máxima autoridad del país, también actúe en su representación".

Además, entre otros argumentos, la entidad recoge la tramitación de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, recordando que se tuvo siempre en consideración que las comisiones regionales del medio ambiente estarían integradas casi exclusivamente por autoridades de gobierno.

Cabe recordar que algunos gobernadores electos han advertido que, a la hora de diferir en las decisiones frente a proyectos de inversión que generen impactos en la ciudadanía o el medio ambiente, pesará la opinión de quienes fueron elegidos democráticamente, independiente que el delegado sea quien lidere la instancia legalmente. Por esto, creen que los delegados pasarían con el tiempo a concentrarse mayormente a tareas del ámbito de seguridad interior del Estado.